La aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil y porque muchos sostienen que “Cuando se encarcela temprano, se está llegando tarde”

Por Eli Vergara

Sabido es que la mayoría de los eventos que acontecen en la provincia de Buenos Aires, van a determinar las decisiones que se tomen en relación a las leyes y otras medidas que se amplifican a nivel nacional. ¿Por qué? una respuesta simplista y sin analizar la historia, es porque dicha jurisdicción es la más poblada del país.
Por eso, para entender sobre algunas regulaciones, en la mayoría de los casos hay que analizar lo que ocurre en dicho territorio.
En este caso, veamos qué precede a la aprobación de la reforma del Régimen Penal Juvenil. Sabemos que dicha norma implica la reducción de la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente por un delito. Bajo este nuevo régimen, los jóvenes de 14 y 15 años podrán ser juzgados y recibir penas, algo que antes estaba reservado a quienes superaban los 16 años.
Si hablamos de delitos y menores en la provincia mencionada, debemos observar datos reales. Así, el Informe realizado en el año 2024 por el Departamento de Registros a cargo del Registro de Procesos del Niño (RPN), dependiente del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, evidencia que el total de procesos penales juveniles iniciados y registrados en el RPN durante el año 2024, fue de 1.892. Y teniendo en cuenta el tipo de delito, se observa que aquellos realizados contra la propiedad (hurto, robos, etc) y más precisamente los robos agravados por uso de armas, lideran las estadísticas. Inmediatamente por debajo, se ubica el homicidio.
Pero si a esos datos, le sumamos el lugar donde ocurrieron, advertimos que no es casualidad que los distritos con mayor cantidad de delitos, fueran aquellos que tengan menos acceso a los servicios públicos básicos (transporte, saneamiento, energía eléctrica, gas, agua potable, seguridad y otros), ejm La Matanza, Quilmes, Moreno y otros.
Un análisis rápido de dichos datos, en conjunto con la observación del contexto actual, nos lleva a sostener que la aprobación de este régimen solamente busca apaciguar las voces de una parte de la sociedad que reclama respuestas más duras frente al delito juvenil y de alguna manera, intentar frenar al delito, con mano dura. Pero, se omite analizar las enormes desigualdades de origen que atraviesan a las infancias en nuestro país. Niños y adolescentes en contextos marcados por la pobreza, la exclusión, la deserción escolar, los consumos problemáticos o la falta de horizontes laborales. Y expresa, además, un claro desentendimiento estatal: en lugar de asumir la responsabilidad de intervenir tempranamente y garantizar derechos, se elige que la primera respuesta frente al conflicto sea el encierro. Castigar reemplaza así a la política pública.
Este fenómeno no es nuevo y como en un viaje por el tiempo al año 2004 y al mejor estilo del film “volver al futuro”, resultan evidentes las similitudes del fenómeno actual y lo que siguió al caso de Axel Blumberg, donde lo que tendría que haber sido una racional discusión sobre las verdaderas causas del incremento del delito, terminó siendo un frenesí de aumento en las penas. Es así que hoy cobra sentido las palabras de la diputada socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Elena Barbagelatta pronunciadas en 2004, “(…) Acá se mezcla todo en una gran bolsa, y entonces no sabemos cuál es la causa ni cuál es el efecto. Por eso pensamos que con el aumento de las penas vamos a arreglar todos los males de la delincuencia en nuestro país (…) Las experiencias muestran que la disminución de la delincuencia se encuentra relacionada con la reducción de la pobreza (…) En vez de llevar a los chicos a la escuela discutimos cómo bajar la edad de imputabilidad. Eso es un error. ¿Vamos a transformar al país en una gran cárcel? ¿Qué país queremos? (…)”.
Y volvemos a lo mismo. Por eso se llega tarde cuando el Estado no garantizó derechos a tiempo, cuando las políticas públicas no acompañaron las trayectorias, cuando la escuela, la salud, el trabajo y la comunidad no fueron sostenidos como prioridad, cuando no nos preguntamos qué ciudadanía queremos construir. Encarcelar antes no es prevenir mejor, es reconocer que se eligió intervenir recién en el último eslabón del conflicto.
El verdadero debate no es cuánto castigar, sino qué responsabilidad asumimos como Estado y como adultos frente a nuestras niñeces y adolescencias: si vamos a responder con encierro o si, finalmente, vamos a llegar a tiempo.